A vueltas con las retenciones de los administradores de sociedades mercantiles


En estos últimos años los asesores fiscales hemos tenido que explicar con bastante frecuencia a nuestros clientes todas las novedades tributarias que en relación a la retribución de los socios y administradores se han producido, que no han sido pocas, uno de los puntos a comentar era el de las retenciones a aplicar. En mi caso mi recomendación  era siempre la misma en especial en rentas altas fuera de convenio, utilizar un criterio de prudencia, aplicando en esos casos el tipo de retención fijo del 35%, como si el total de las funciones fueran realizadas como administrador, al entender que prevalecía el vínculo mercantil sobre el laboral (la llamada teoría del doble vínculo). Pero afortunadamente y con un criterio que entiendo acorde a la lógica, recientemente la Dirección General de Tributos publicó una consulta vinculante  (V0543-17) que viene a despejar gran parte de las dudas que existían en cuanto a la forma de retener en el IRPF  por los rendimientos de aquellos socios/administradores que a la vez ejercen funciones de trabajo efectivo en la sociedad. Es decir, todos aquellos trabajadores que pueden verse afectados por la teoría del doble vínculo mercantil/laboral en su relación con la sociedad.

Con esta nueva consulta, la DGT establece lo siguiente con respecto a las retenciones a aplicar en cada caso:

-A la prestación por los socios de servicios que tienen la calificación a efectos del IRPF de rendimientos de trabajo, les resultarán de aplicación los tipos de retención del art. 80 RIRPF (LA LEY 3030/2007).

-A la prestación de servicio que se  califiquen como  rendimientos de actividades profesionales, las del artículo 101.5 LIRPF (LA LEY 11503/2006). Para lo cual, tendremos que analizar si se dan o no las notas de dependencia y ajenidad y el tipo de servicio que presta el socio.

Finalmente, las retribuciones percibidas por el ejercicio de las funciones propias del cargo de administrador será del 35 o del 19 por ciento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 80.1.3º del citado Reglamento.

Es evidente que en caso de rentas muy altas, las nuevas medidas pueden afectar negativamente, ya que por ejemplo, un contribuyente imaginemos que este casado y con dos hijos que reciba 250.000 € por rentas de trabajo y 30.000 € por funciones de administración, con anterioridad a esta consulta normalmente se le retendría un 35% por el conjunto de retribuciones. Y a partir de la misma, de los 30.000 € se le pueden retener un 35%, pero por los 250.000 €, la retención será más alta, en torno al 39%.

Y por otro lado, los contribuyentes con retenciones inferiores al 35% por su renta del trabajo, esta norma les beneficia, ya que se les retiene como máximo un 35% como administrador y el resto, con retenciones por tablas. Así para el mismo ejemplo de socio administrador casado y con 2 hijos que  que gane 45.000 € por rentas del trabajo, su tipo de retención es del 20 %.

Todo ello es importe ya que si se retiene de forma incorrecta, la entidad puede ser sancionada  por cometer una  infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación, conforme a lo que se indica en el artículo 191 de la LGT, y que puede suponer para la sociedad retenedora una sanción consistente en multa pecuniaria proporcional a la cantidad dejada de ingresar de entre el cincuenta y el ciento cincuenta por ciento.

Debido a que las novedades tributarias en relación a este asunto de la retribución de los socios y administradores de empresas han sido numerosas en los últimos tiempos, seguiremos pendiente de ver si se convierte en un criterio confirmado por la citada Dirección general de tributos.

Como suelo recomendar a mis clientes, además de establecer todos los medios de prueba posibles (contrato laboral, facturas, contratos mercantiles,… etc), es conveniente que las entidades revisen la situación en la empresa y la redacción de sus estatutos sociales, observando el cumplimiento estricto de los requisitos legales exigidos para cada tipo de retribución que establece la normativa fiscal.


 

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