Los derechos de los contribuyentes en las inspecciones en los locales de negocio


IMAGEN INSPECCIONEl Tribunal Constitucional anula un procedimiento de Inspección, al declarar ilegal la entrada, y registro en el domicilio del contribuyente sin advertirle de los derechos de oponerse  a dicha entrada.

La cuestión relativa a la entrada y registro de la inspección de los tributos en el domicilio del contribuyente (entidad mercantil o establecimiento comercial)  ha venido, en los últimos años, suscitando muchas dudas relativas a si su naturaleza goza de la protección domiciliaria consagrada en la Constitución (Art 18.2 CE) y si dicha consideración hacía imprescindible la correspondiente autorización judicial o era suficiente la mera autorización administrativa.

Además este asunto se convierte en máxima actualidad ya que el incremento de las inspecciones tributarias en locales es un hecho palpable, e incluso ya hemos incidido en este asunto recientemente en un post el pasado 26 de marzo del 2014. En este ámbito de la protección domiciliaria de los establecimientos donde se desarrollan actividades económicas,  una cuestión entendemos de máxima relevancia para poder determinar las características y requisitos que debía tener el consentimiento del contribuyente a las entradas y registros de la administración tributaria, se ha pronunciado   el Tribunal Constitucional en una reciente sentencia (TC, Sala Segunda, S 16 Mar. 2015, Rec. 2603/2013)  que determina que la naturaleza domiciliaria de los establecimientos donde se desarrollan las actividades económicas exige, a falta de autorización judicial, el consentimiento del contribuyente y que la falta de información al contribuyente del derecho a oponerse al acceso vulnera un derecho fundamental e invalida el consentimiento que deviene ineficaz.

Tras realizar un examen sobre la doctrina del TC en relación al derecho a la inviolabilidad del domicilio, y en particular a la extensión del derecho a las personas jurídicas, precisa que si bien las personas jurídicas no gozan de la misma protección (falta la vinculación con un ámbito de intimidad en la vida personal y familiar que solo se predica de las personas físicas), sí gozan de dicho derecho en cuanto a los espacios físicos que le son necesarios para desarrollar su actividad y custodiar los documentos u otros soportes reservados del conocimiento de terceros.

El TC entiende que no; el consentimiento eficaz necesita de una garantía formal: una información expresa y previa que incluya los términos y alcance de la actuación, y en este caso no la hubo. La entrada en las dependencias empresariales se hizo sin advertencia alguna de derechos a los interesados de su posibilidad de oponerse a la entrada y registro), y en ese contexto, la falta de oposición no podía considerarse como consentimiento tácito.

Es cierto, razona la Sala, que los funcionarios portaban una autorización administrativa para la entrada (que no fue necesario exhibir puesto que se les facilitó el acceso), pero precisamente este dato es relevante porque la autorización administrativa en modo alguno habilita la entrada en los espacios físicos que constituyen el domicilio de la persona jurídica objeto de protección constitucional. Hubo, pues, una vulneración de la garantía de información para recabar el consentimiento del informado, lo que supone la falta de un consentimiento eficaz.

También aprecia el Tribunal una vulneración de la garantía de no autoincriminación del artículo 24.2 CE (que consiste fundamentalmente en que si de acuerdo con la legislación aplicable la declaración ha sido obtenida bajo medios coactivos, esta información no puede ser alegada como prueba en el posterior juicio de la persona interesada, aunque tales declaraciones se hayan realizado antes de ser acusado).

Pues bien, el Alto Tribunal considera que en este caso Sí se produjo la vulneración de dicho derecho, y ello porque la sentencia impugnada otorgó valor de confesión a un reconocimiento de hechos que fue realizado en otro expediente, con la finalidad de regularizar la situación en relación a unas liquidaciones y sanciones concretas, sin consideración a que las actas a que se refiere el recurso contencioso-administrativo fueron firmadas en disconformidad precisamente por su conexión con los datos obtenidos de las diligencias practicadas con vulneración del art. 18.2 CE . Esta conformidad prestada para evitar un proceso penal bcontinúa la Sala- no se puede extender al consentimiento prestado en un procedimiento distinto de carácter administrativo sancionador

En definitiva, el TC estima el recurso de amparo interpuesto por el contribuyente anulando el procedimiento inspector.

 


 

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